La titular de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, Fabiana León, pidió penas de hasta 4 años y 8 meses de prisión para el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsubsecretario Roberto Baratta, acusados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por las maniobras irregulares en la compra de Gas Natural Licuado (GNL).

Según el alegato de la fiscal, los exfuncionarios “delinquieron con plena conciencia de su rol institucional”, al permitir un esquema de contrataciones fraudulentas que generó un perjuicio económico superior a 5,5 millones de dólares para el Estado.

Las penas solicitadas

Julio De Vido: 4 años y 8 meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas.

Roberto Baratta: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.

Roberto Nicolás Dromi San Martino (exdirector ejecutivo de Diligentia S.A.): 4 años de prisión, como partícipe necesario.

Además, la fiscalía pidió la restitución del dinero desviado, el embargo de bienes de los imputados y el decomiso del dinero incautado en allanamientos a De Vido y Baratta.

El caso del Gas Natural Licuado (GNL)

El juicio, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7, investiga las operaciones realizadas en el marco del Programa Energía Total, entre 2008 y 2009.

De acuerdo con la acusación, se adquirieron 11 cargamentos de GNL a través de gestiones irregulares que:

Eludieron licitaciones públicas.

Delegaron operaciones en intermediarios sin antecedentes técnicos.

Pagaron comisiones millonarias a empresas privadas como Diligentia y Dysan, que no aportaron servicios técnicos ni logísticos que justificaran esos montos.

La fiscal León aseguró que tanto De Vido como Baratta omitieron sus deberes de control y supervisión, lo que permitió el desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a particulares allegados.

Qué sigue en el juicio

Tras el pedido de condena, el debate continuará el martes 26 de agosto, cuando las defensas de los imputados presenten sus alegatos.

El proceso judicial se inició en 2014 a partir de denuncias de dirigentes políticos y organizaciones civiles, y es considerado uno de los casos emblemáticos de presunta corrupción en la gestión kirchnerista vinculada al área energética.